Durante los
últimos días del mes de noviembre, una noticia ha captado la atención de tod@s;
el rastreo de millones de teléfonos móviles por el INE, que ha justificado esta
intromisión en nuestra intimidad alegando que los datos que se obtendrán
después de espiar nuestros desplazamientos diarios, de enterarse a dónde vamos
de vacaciones o cuántos vivimos en el medio rural ( como si no lo supieran ya
), servirán entre otras cosas para hacer ciudades más sostenibles, invertir en
infraestructuras y mejorar nuestra vida. Tan desinteresadas y altruistas
aspiraciones le han costado al INE
medio millón de euros que se han embolsado Telefónica, Vodafone y Orange, estas
han insistido en que la operación ha respetado plenamente la legalidad, aunque
en el caso de Movistar ni siquiera ha dado opción a sus clientes de no ceder
esos datos al Instituto Nacional de Estadística.
Ante las
dudas que se han generado, uno y otras dicen que se han explicado mal, que al
tratarse de datos anónimos en ningún caso se viola la intimidad de las
personas, que es preciso que el INE se modernice pues las entrevistas por
teléfono son prácticas del pasado, que el fin justifica los medios, que podemos
estar tranquil@s...
Sin embargo,
¿cómo podemos estarlo cuando sabemos que
nuestra vida privada se exhibe, se compra y se vende en el mercado global sin
nuestro consentimiento, sin saber quién tiene esos datos, qué hacen con ellos,
cómo los usan? ¿Tranquil@s, sabiendo que la ley solo sirve al poderoso y crea
en torno a los demás un espejismo de protección e igualdad irreales?
Otra noticia
relacionada con la protección de datos personales apareció el 8 de octubre en
El Norte de Castilla: “ El 15% de los
reclusos más peligrosos de España están en la cárcel de Dueñas”, para a
continuación mostrar una foto, el nombre, las iniciales de los dos primeros
apellidos, el lugar y año de nacimiento y el historial penitenciario de uno de
estos presos que cumplen condena en La Moraleja. Este reportaje, a doble página y firmado por un tal Ricardo
Sánchez Rico, comenzaba así: “Quienes han tenido que vigilar la conducta
de …, joven interno de origen canario que cumple
condena en la prisión de Dueñas, le definen como un auténtico psicópata”.
Lo que
espanta de esta noticia no es la historia de este chico que entró por pequeños
delitos de robo y acumula en la actualidad una condena de más de 40 años, lo
que pone de manifiesto, entre otras cosas,
que la cárcel ni reinserta ni reeduca.
Lo que espanta es, cómo datos especialmente protegidos como son los
relativos a infracciones penales son manejados sin la más mínima ética
profesional por alguien que dice llamarse periodista y que subordina la
información veraz, objetiva y que responda a una finalidad concreta por el puro
morbo, sin pensar en el daño que puede ocasionar a esta persona, o peor aún, a
sabiendas de que lo publicado daña irremediablemente la imagen y el ámbito
privado de alguien que no tiene ni siquiera
la posibilidad de defenderse.
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