Hace unas semanas, el
presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP),
Joaquín Antón Basanta, firmaba un escrito dirigido al Ministro de
Sanidad, en el que le alertaba de las graves consecuencias, tanto
sanitarias como de orden público, que traería un avance de la
pandemia del coronavirus en las cárceles, paradigma de lugar cerrado
y convivencia obligatoria, considerado por las autoridades de alto
riesgo. Y es que, a la falta de personal sanitario y de medios
materiales se une la problemática de la población penitenciaria,
afectada por enfermedades crónicas, dependencias, drogadicción y
enfermedades mentales en porcentajes escandalosos. Es decir, abandono
sanitario que produce enfermos terminales y mentales, víctimas
cantadas de la nueva pandemia, a l@s primer@s los mata, l@s segundos
directamente se suicidan.
Sin embargo, la SESP deja
la crítica para mejor momento y muestra una preocupación aséptica,
centrada en la reclamación de material suficiente para que
sanitarios y funcionarios hagan su trabajo con seguridad.
Por las mismas fechas,
otro escrito, esta vez dirigido al Ministro del Interior y a la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) y firmado
por el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucia
(APDHA), iba un poco más allá y a las medidas apuntadas añadían
otras para “paliar” la incomunicación que el estado de alarma ha
impuesto en las cárceles, tales como la gratuidad de las llamadas
extras, las videollamadas y las comunicaciones a través de
locutorio.
Lo más significativo del
escrito es la petición de excarcelación inmediata de l@s que
padecen enfermedades graves y de l@s de más de 70 años, así como
de la población preventiva. Sin embargo, las medidas propuestas
siguen dejando fuera, o mejor, dejan dentro a la mayor parte de las
personas presas, las que sufren problemas de drogadicción y
mentales.
Más acertadas son las
demandas que reclaman las organizaciones de familiares y grupos de
apoyo a pres@s, que amplían los motivos para la excarcelación a
mujeres embarazadas, extranjer@s y algunas ya recogen al colectivo
mencionado.
Los motivos por los cuales
tanta gente guarda silencio al respecto son variados. Están los
económicos; mínima inversión, máximo beneficio. ¿Acaso podría
Instituciones Penitenciarias permitirse excarcelar a sus más “fieles
clientes”?¿Qué harían con tanto tratamiento, programa, equipos
técnicos, asistentes sociales, educadores y demás “especialistas”?
Si en lugar de un psiquiatra cada tropecientos mil pres@s se hicieran
estudios y diagnósticos serios a las personas tachadas de enfermas
mentales, ¿qué resultados arrojarían?
Y están los motivos
políticos y sociales. ¿Qué hacer con estas personas que vaciaron
los psiquiátricos para llenar las cárceles? ¿Qué hacer cuando
carecen de vínculos familiares y medios para sobrevivir por sí
mism@s?
Problemas tan complejos no
pueden seguir tapándose con parches, metadona, pastillas y
represión.
En estos momentos de
confinamiento, cuando desde los más diversos ámbitos se plantea una
reflexión profunda sobre las causas que nos han traído hasta aquí,
no estaría de más repensar para qué sirve la cárcel. Quizás
llegáramos a una conclusión terrible. La cárcel es un fracaso de
toda la sociedad, incapaz de dar respuestas y buscar soluciones para
las personas más necesitadas y vulnerables.